Sandra Ortiz enfrentó este martes ante el Tribunal Superior de Bogotá acusaciones de lavado de activos y tráfico de influencias, pero los reflectores se concentraron en sus denuncias contra la Fiscalía. Desde la Escuela de Carabineros, donde permanece detenida, la exconsejera para las Regiones aseguró que los investigadores la presionaron para que incriminara a ministros del gobierno Petro como condición para evitar su detención.
“Me dijeron, si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento. Eso pasó”, narró Ortiz en audiencia. Según su relato, buscó múltiples veces a la Fiscalía antes de ser capturada, presentando documentos y registros de trazabilidad que, dice, corroboran su versión de los hechos.
Los cargos en su contra se remontan a su rol en la distribución de dineros públicos de la UNGRD. Ortiz fue señalada como la encargada de entregar 3.000 millones de pesos a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle para facilitar el trámite de las reformas legislativas del ejecutivo. Ambos expresidentes permanecen recluidos en la cárcel La Picota desde hace aproximadamente un año.
En su intervención ante el juez, Ortiz cambió el enfoque. Rechazó la validez legal del proceso y lo enmarcó como una cuestión de índole política. “Esto no era un asunto jurídico, sino político. Si hoy estoy aquí, es por razones políticas”, señaló. Luego añadió, con tono crítico: “Si quieren condenarme por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro, lo entiendo”.
El Tribunal Superior de Bogotá aún tiene pendiente resolver una apelación de la defensa contra su medida de aseguramiento. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de audiencias preparatorias, donde se definirán cuáles pruebas serán admitidas para el juicio oral. La defensa argumenta que las presiones alegadas constituyen desviaciones procedimentales graves que comprometen la integridad del proceso.
Las acusaciones de Ortiz volvieron a poner sobre la mesa interrogantes sobre los criterios de la Fiscalía en casos de corrupción vinculados al círculo cercano de Petro, avivando el debate público sobre independencia institucional.
