Hay crisis que no estallan de un día para otro, sino que avanzan en silencio, acumulando señales que muchos prefieren ignorar. La situación del gas en Colombia es una de ellas. Hoy el país enfrenta un escenario inquietante: reservas en declive, incertidumbre regulatoria y una preocupante ausencia de un plan claro para garantizar el abastecimiento en el corto y mediano plazo.
Durante años, Colombia fue ejemplo regional de autosuficiencia energética en gas. Sin embargo, esa realidad se ha ido erosionando. Los campos maduros se agotan y la reposición de reservas no ha seguido el ritmo necesario. Las cifras son claras: el margen de autosuficiencia se reduce y la dependencia de importaciones comienza a asomarse como una posibilidad real, con todo lo que eso implica en costos y vulnerabilidad.
El problema no es solo técnico, es profundamente político. Las decisiones —o la falta de ellas— han generado un clima de incertidumbre que afecta la inversión en exploración. El discurso de transición energética del gobierno de Gustavo Petro, aunque necesario en términos ambientales, ha sido percibido como ambiguo e incluso contradictorio en su implementación. Promover energías limpias es indispensable, pero hacerlo sin una hoja de ruta que garantice la seguridad energética es, cuando menos, irresponsable.
El gas natural no es el enemigo de la transición; es, de hecho, un combustible clave para lograrla de manera ordenada. Sirve como respaldo para energías intermitentes como la solar y la eólica, y es fundamental para sectores como la industria y los hogares. Desconocer ese papel es ignorar la realidad energética del país.
A esto se suma el rol de Ecopetrol, que ha quedado en medio de presiones políticas y estratégicas. La empresa necesita claridad para invertir, explorar y desarrollar nuevos proyectos. Sin reglas de juego estables, cualquier intento de garantizar el suministro se vuelve cuesta arriba.
Mientras tanto, el tiempo corre. Importar gas no solo encarece el servicio para los usuarios, sino que también expone al país a choques internacionales de precios y a riesgos logísticos. Lo que hoy es una advertencia puede convertirse mañana en una crisis tangible: tarifas más altas, industrias afectadas y hogares vulnerables.
Lo más preocupante no es solo la escasez potencial, sino la falta de un debate serio y técnico sobre el tema. La discusión pública se ha quedado atrapada entre posturas ideológicas, dejando de lado la evidencia y la planificación. Colombia necesita, con urgencia, una política energética coherente, que combine transición con seguridad, sostenibilidad con pragmatismo.
Negar el problema no lo hará desaparecer. La historia energética de muchos países muestra que las crisis no surgen por falta de recursos, sino por falta de previsión. Colombia aún está a tiempo de evitar ese escenario, pero requiere decisiones firmes, claridad regulatoria y una visión de largo plazo.
Porque el verdadero riesgo no es solo quedarse sin gas. Es retroceder décadas, hasta volver a encender el fogón de leña como símbolo de un país que no supo anticiparse.
