En Colombia se ha vuelto costumbre escuchar, especialmente en tiempos de crisis, el mismo coro indignado: “la clase política es corrupta”. Se repite en redes sociales, en conversaciones de café, en tertulias familiares y en los comentarios de cualquier noticia. Sin embargo, cuando llega el momento decisivo —el de las urnas— esa indignación parece evaporarse con una facilidad inquietante.
La paradoja es evidente: se condena públicamente a los políticos por sus prácticas, pero muchos ciudadanos terminan votando por ellos. A veces por clientelismo, a veces por favores, otras por unos cuantos pesos, y en no pocas ocasiones por simple resignación. El resultado es un círculo vicioso donde la corrupción se denuncia con vehemencia… pero también se legitima con el voto.
El caso reciente de Wadid Manzur ilustra con crudeza esta contradicción colectiva. Manzur obtuvo una de las votaciones más altas en los recientes comicios —la tercera, nada menos—, lo que demuestra que miles de ciudadanos confiaron en él o, al menos, decidieron respaldarlo. Hoy, tras conocerse la decisión judicial que le impone medida de aseguramiento, abundan las críticas, los ataques y la indignación generalizada.
Pero surge una pregunta incómoda: ¿dónde estaba esa indignación antes de votar?
No se trataba de un secreto. Desde antes de sus aspiraciones políticas ya circulaban cuestionamientos y advertencias sobre su situación jurídica y sus antecedentes. Aun así, muchos decidieron ignorar esas señales y depositaron su voto. Hoy, los mismos que lo eligieron —junto con quienes nunca votaron por él— levantan la voz para condenarlo.
Esto revela un problema más profundo que el de un político en particular: la ausencia de sanción social frente a conductas cuestionables. En sociedades donde la ética pública funciona, el voto se convierte en una herramienta de castigo para quienes han faltado a la confianza ciudadana. Aquí, en cambio, la memoria política suele ser corta y la indulgencia demasiado larga.
La consecuencia es peligrosa. Cuando la corrupción deja de escandalizar y pasa a verse como algo inevitable o “normal”, el pudor de la honestidad comienza a desaparecer. Lo que antes provocaba rechazo termina convertido en paisaje cotidiano, en una especie de ruido de fondo al que la sociedad se acostumbra.
Así, la doble moral se consolida: condenamos la corrupción en el discurso, pero la toleramos en la práctica. Criticamos a los políticos, pero no siempre asumimos la responsabilidad que implica elegirlos.
Mientras no hagamos una verdadera catarsis colectiva como sociedad —mientras no entendamos que el voto también es un acto ético— seguiremos atrapados en el mismo ciclo. Elegiremos a quienes luego señalaremos, indignándonos cuando el daño ya está hecho.
Y entonces volveremos a preguntarnos por qué la política no cambia, sin admitir que, en gran medida, ese espejo también refleja nuestras propias decisiones.
