Bogotá. Cinco casos de posible publicidad política extemporánea en el departamento de Córdoba fueron denunciados ayer por la Misión de Observación Electoral MOE, en el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral.
A nivel nacional la MOE, entregó a las autoridades 283 reportes sobre posible publicidad extemporánea. En el listado Córdoba no figura entre los departamentos con mayor número de denuncias, a diferencia de Tolima y Antioquia.
Entre los casos denunciados se encuentra la campaña a la alcaldía de Montelíbano de Francisco Alean, quien durante un evento utilizó piezas publicitarias con su apellido. En el reporte también figuran las campañas de Oscar Ramírez y Carlos Ordosgoistia a la alcaldía de Montería.
Asimismo figuran los candidatos a la Gobernación de Córdoba Carlos Gómez Espitia y Edwin Besaile.
Desconocimiento
Para Fabián Hernández Cadena, coordinador del Observatorio de la MOE, llama la atención que entre los 10 municipios con mayores denuncias no estén poblaciones de departamentos como Sucre o Córdoba. Tal situación se puede se puede dar por desconocimiento.
“Es más probable que los habitantes de Itagüí, por ejemplo, tengan mayor conocimiento de la existencia de mecanismos como Pilas con el Voto o de lo que puede ser o no irregular en época preelectoral. Si en departamentos como Córdoba o Sucre existieran más posibilidades de denuncia la estadística podría ser otra”, afirmó Hernández.
Para la MOE, “esta información debe servir a las organizaciones políticas para la definición de los avales a entregar ya que resulta paradójico que candidatos, quienes deben ser ejemplo de moralidad y comportamiento legal, hayan comenzado a buscar distintas estrategias para burlar la normatividad electoral”.
Genera desequilibrio
La MOE también advirtió que este tipo de conductas ilegales representan dos tipos de riesgos para las elecciones. El primero tiene que ver con el desequilibrio que genera en términos de competencia frente a los demás candidatos, porque la propaganda le permite mayor visibilidad y recordación a algunos candidatos.
La segunda amenaza está relacionada con la financiación, ya que por tratarse de propaganda ilegal, estos costos no se incluyen en los reportes de gastos de campaña, “por lo cual la autoridad electoral desconoce el origen y el monto de los gastos ejecutados, dificultando así el control efectivo de los topes permitidos”, finalizó Hernández.
