Con 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la propuesta del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
La Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016 seguirá en el país hasta el 31 de octubre de 2027, pero dejará de vigilar la Reforma Rural Integral.
Desde ahora, la Misión solo verificará la reincorporación de los excombatientes de las Farc y sus garantías de seguridad. El acceso a la tierra, la formalización de predios y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) quedarán bajo control exclusivo de las instituciones colombianas.
El presidente De la Espriella presentó la votación como una victoria de soberanía. Según el mandatario, la decisión le permite al país definir, dentro de la Constitución y la ley, cómo cumple sus compromisos.
Agradeció a los quince miembros del Consejo y al embajador ante la ONU, Mauricio Gaona. “La paz no puede ser sinónimo de impunidad, ni la soberanía puede ser negociable”, escribió el jefe de Estado.
La Casa de Nariño había formalizado la petición el 12 de octubre. Ese día, su vocero ante la ONU, Omar Bula, sostuvo que este componente era distinto de los demás:
“La Reforma Rural Integral, por su parte, tiene una naturaleza distinta. Incorporada al mandato de la Misión en 2023, constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo”. También aseguró que los proyectos rurales podrán seguir recibiendo apoyo de países cooperantes.
Quienes cuestionan el cambio ven un riesgo para la implementación del Acuerdo. La reforma agraria, primer punto de lo firmado en La Habana, buscaba atacar la concentración de la tierra y la pobreza en el campo, consideradas raíces del conflicto armado.
Al dejarla sin seguimiento internacional, temen que pierda prioridad. El propio jefe de la Misión defendió que la reforma rural sirve para combatir la inseguridad en los territorios.
Panamá votó a favor, aunque su embajador, Eloy Alfaro de Alba, pidió que el ajuste «no suponga una reducción de la presencia territorial de la misión».
El organismo internacional ya había reducido sus funciones en octubre de 2025, cuando gobernaba Gustavo Petro. En esa ocasión, con 13 votos a favor y dos abstenciones, el Consejo dejó por fuera la supervisión de las sentencias de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y del Capítulo Étnico.
