Vecino del sector, y no un francotirador: el giro en la investigación por el disparo a la Procuraduría

Un proyectil calibre 765 no tendría alcance desde los Cerros Orientales. La nueva tesis apunta a un hombre que vive cerca de la sede.
40 minutos atrás
Foto: Google Maps

El tamaño de una bala terminó por desarmar la teoría que durante dos semanas rondó los pasillos del órgano de control, reveló en primicia este sábado la Unidad Investigativa del diario El Tiempo.

El proyectil hallado junto al escritorio del procurador Pedro Luis Bonilla, en el piso 26 de la sede principal de la Procuraduría, sería de calibre 765, y los investigadores dudan de que un arma así alcance a disparar desde los Cerros Orientales de Bogotá.

Esa dificultad técnica abrió otra puerta, la Dijín de la Policía y la Fiscalía General manejan ahora una tesis preliminar que ubica al presunto autor a pocas cuadras del edificio: un hombre que vive en el sector y que llegó a su casa la madrugada del domingo 30 de agosto.

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Los agentes construyeron esa versión con testimonios y cámaras de seguridad. Una mujer que cumple labores de vigilancia en un edificio cercano y policías que patrullaban esa noche coincidieron en algo: se oyeron varios disparos de madrugada.

Cuando la Policía inspeccionó el despacho el martes 1 de septiembre, la lectura inmediata apuntó a Bonilla, uno de los cinco delegados ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, o incluso al procurador general Gregorio Eljach, cuyo despacho queda un piso más abajo.

Pero ningún funcionario había recibido amenazas previas, y el edificio estaba vacío ese fin de semana. “Afortunadamente, nadie estaba en la oficina, eso fue el fin de semana. Parece una bala calibre 765”, dijo una fuente.

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El caso escaló cuando el magistrado José Joaquín Urbano advirtió por carta a la presidencia de la Sala Penal sobre riesgos para quienes tramitaron el expediente del exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, alias ‘Kiko’ Gómez, condenado a 31 años y ocho meses.

Gómez negó cualquier vínculo. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó su traslado de La Dorada a La Picaleña. Su abogado, Juan Felipe Criollo, pidió acceso al expediente.