El expresidente Gustavo Petro reivindicó a través de X su derecho a instalarse en cualquier lugar, luego de que vecinos de Sierras del Moral, en el norte de Bogotá, objetaran por escrito su posible arribo a esa copropiedad por figurar en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac).
“Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en dónde el quiera”, publicó el exmandatario, quien sostiene que su inclusión en la llamada Lista Clinton no anula sus garantías constitucionales.
Lo que piden los residentes de Sierras del Moral
Los firmantes dejaron claro que la carta recoge posturas individuales y no compromete a la administración, a los consejos ni a la totalidad de los habitantes. Reconocieron que ningún documento prueba un contrato de alquiler o una negociación en curso y que “no presentamos esa posibilidad como un hecho consumado”.
El comunicado solicita a dueños e intermediarios buscar orientación jurídica antes de cualquier acuerdo. También pide a la administración revisar, dentro de su competencia, acciones de seguridad, convivencia y uso de áreas compartidas, por la exposición pública del político y las intimidaciones en su contra.
“Manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, plantearon los vecinos en otro apartado.
Arboreto, en La Calera, otro episodio
El periodista Felipe Zuleta relató en Blu Radio que Petro habría intentado adquirir una residencia en el condominio Arboreto, en La Calera (Cundinamarca), mediante un ciudadano italiano que contactó primero a la inmobiliaria. Sin nombrar ese lugar ni aludir a su nacionalidad italiana, el exgobernante apuntó contra Zuleta: “Un estudiante de comunicación se avergonzaría de escuchar a periodistas ya viejos y maduros hablando en esta comunicación (sic)”.
Petro contó que levanta un nuevo hogar y que debe vender el inmueble anterior por su divorcio y por mandato legal, para invertir allí la parte que le corresponda. A su juicio, resulta normal que alguien separado, al concluir su periodo presidencial, recurra a su pensión para pagar un techo ajustado a sus ingresos.
“En este momento estoy construyendo una casa para mí, porque ya tenía una y, por divorciarme y por la ley, debo venderla para, con mis derechos sobre ella de acuerdo a la ley, pensar en una nueva casa (sic)”, precisó.
