La plenaria del Senado aprobó la ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella. La votación llegó después de más de diez horas de un debate tenso, en medio del cual la bancada del Pacto Histórico se retiró del recinto. El título y la pregunta del proyecto obtuvieron 57 votos a favor y 24 en contra. Ahora la última palabra la tiene la Cámara de Representantes.
Más de 40 senadores intervinieron durante la sesión, la mayoría de la oposición. El senador Ariel Ávila destacó que el paso de la iniciativa por el Congreso dejó ajustes que la mejoraron de forma notable. Sin embargo, reconoció que quedan vacíos que deberán corregirse más adelante.
Reforma y prorroga la Ley 418 de 1997, de Orden Público, y busca desarticular las estructuras criminales por la vía judicial ordinaria, sin mesas de negociación ni reconocimiento político.
Las rebajas de pena dependerán del rango dentro de la organización. Los integrantes de base podrán reducir su condena hasta la mitad, y los cabecillas un máximo del 30 %, con al menos diez años de cárcel. A cambio, deberán entregar las armas, los bienes ilícitos e información de la estructura, y ayudar a ubicar a desaparecidos y secuestrados. No se suspenderán extradiciones ni órdenes de captura, y las condenas se cumplirán en cárceles comunes.
Quienes hayan reclutado menores solo podrán acceder a un 10 % de descuento. Los testaferros tendrán una pena mínima de seis años, condicionada a que devuelvan la totalidad de los activos. Además, en el trámite se eliminó la figura del abogado intermediario, por lo que el sometimiento será individual.
