El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli Arteaga, solicitó el respaldo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ante lo que califica como una situación de especial gravedad que compromete el funcionamiento de esa jurisdicción.
En una carta dirigida a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang, el magistrado advierte que dos iniciativas que cursan en el Congreso afectan la independencia y la autonomía judicial de la entidad.
La primera propone trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, una medida que según el documento cuenta con el respaldo público del presidente Abelardo De La Espriella. Ese recorte equivaldría al 62 % de los recursos previstos para adquisición de bienes y servicios, y se sumaría a una desfinanciación acumulada de $84.663 millones.
Según la carta, el ajuste comprometería $62.478 millones destinados a la protección de víctimas, testigos y operadores judiciales, incluidos los convenios con la Unidad Nacional de Protección. También afectaría $29.362 millones del funcionamiento de las sedes y más del 40 % de los recursos del Datacenter.
La segunda iniciativa corresponde a una reforma constitucional que establecería una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, de las sentencias que la JEP profiera contra miembros de la Fuerza Pública.
Ramelli sostiene que ambas medidas incumplen el Acuerdo de Cooperación que Colombia suscribió con la Fiscalía de la Corte en 2021.
