El presidente Gustavo Petro denunció que diversas empresas de seguridad privada están siendo utilizadas como fachadas para actividades delictivas y ordenó una investigación profunda tras conocerse irregularidades en tres firmas del sector, incluida Vipers Ltda.
“Varias compañías de seguridad se han convertido en mamparas del crimen y las economías ilícitas”, declaró el mandatario, quien instruyó a la Superintendencia de Vigilancia crear un equipo especial con inteligencia para trasladar información directamente a la Fiscalía.
Petro vinculó estas irregularidades con la oposición a la consulta popular sobre derechos laborales, sugiriendo que buscan “obstaculizar la laborización y mejoramiento de las condiciones económicas de las y los trabajadores de la seguridad”.
Entre las empresas investigadas destaca Vipers Ltda., fundada en 1993 en Montería, con operaciones en las principales ciudades del país y activos por 49.000 millones de pesos en 2024. La compañía contaba con autorización para 610 armas de fuego y 51 vehículos.
Las investigaciones revelan que estas empresas prestaban servicios con personal no acreditado, mantenían armamento en sedes no autorizadas y permitían el uso indebido de uniformes y emblemas. Además, presuntamente realizaban funciones exclusivas de la Fuerza Pública.
Un caso emblemático involucra el contrato de Vipers con la Alcaldía de Sincelejo por 24.878 millones de pesos, donde hombres uniformados patrullaban parques públicos, actividad prohibida para empresas privadas.
La Superintendencia ya suspendió estas actividades e investiga contratos adicionales por más de 15.000 millones de pesos.
