Los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo expresaron su preocupación por la medida cautelar adoptada en trámite de urgencia por el Consejo de Estado, mediante la cual se suspendieron parcialmente los efectos del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, que ordenaba a los fondos privados girar los recursos de 120.000 trabajadores trasladados a Colpensiones.
En un pronunciamiento conjunto firmado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, el Gobierno Nacional advirtió que decisiones adoptadas sin agotar el debate contradictorio generan profundas implicaciones sobre la sostenibilidad del sistema pensional y la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores.
Los titulares de ambas carteras defendieron la legalidad del decreto, indicando que fue expedido en desarrollo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y la Ley 100 de 1994, con el propósito de dar coherencia financiera al sistema y asegurar que los recursos de quienes ejercieron su derecho de traslado acompañen las obligaciones pensionales asumidas por el Estado a través de Colpensiones.
Frente a los fondos privados, el pronunciamiento fue directo: “Los fondos privados pretenden mantener el control y usufructo de los ahorros de más de 120 mil trabajadores que decidieron trasladarse al régimen público”. Los ministerios calificaron esa situación de inequitativa y contraria a los principios de sostenibilidad y destinación específica de los recursos de la seguridad social.
Pese a la suspensión parcial, el Consejo de Estado mantuvo vigente el giro de recursos correspondiente a cerca de 25.000 personas que ya consolidaron su derecho pensional y cuyas mesadas están siendo asumidas por el Fondo Público. Ante eso, los ministerios exigieron a los fondos privados proceder sin dilación al traslado efectivo de esos recursos dentro de los plazos establecidos.
Ambas carteras anunciaron que ejercerán todas las acciones jurídicas disponibles para defender los principios constitucionales que rigen la seguridad social en Colombia.
