El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó al anuncio de Iván Cepeda de promover la desobediencia civil pacífica si el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, incumple una serie de condiciones relacionadas con la defensa de la soberanía nacional.
A través de su cuenta en la red social X, Uribe publicó un breve mensaje en el que vinculó la convocatoria de Cepeda con el proceso judicial que ambos han protagonizado durante los últimos años.
“Cepeda promoverá desobediencia civil si no me meten a la cárcel”, escribió el exmandatario.
El pronunciamiento revive uno de los enfrentamientos políticos y judiciales más prolongados del país.
La disputa comenzó en 2012, cuando Cepeda presentó en el Congreso testimonios de exparamilitares que señalaban presuntos vínculos de Uribe y de su hermano Santiago Uribe con la conformación de grupos paramilitares en Antioquia. Como respuesta, Uribe denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación contra Cepeda al concluir que no existían pruebas para procesarlo y, en cambio, abrió una investigación contra Uribe por presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, al encontrar indicios de un supuesto intento de influir en testigos.
Ese expediente dio origen al denominado “caso Uribe”, que desde entonces ha marcado la relación entre ambos dirigentes.
En 2025, Uribe fue condenado en primera instancia por esos delitos, pero posteriormente el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia y lo absolvió. La decisión fue apelada mediante un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que el proceso continúa sin una decisión definitiva.
La publicación de Uribe se produjo horas después de que Cepeda anunciara que emprenderá un camino de desobediencia civil pacífica y convocara a sus seguidores a desconocer, de manera pacífica, las órdenes de un eventual gobierno de De la Espriella si considera que este vulnera la soberanía nacional.
El anuncio ha provocado reacciones desde distintos sectores políticos y ha abierto un debate sobre el alcance de esa figura dentro del Estado de derecho.
