“Un ataque directo a la administración de Justicia”: Lombana declara contra Benedetti ante la Procuraduría

La magistrada de la Corte Suprema rindió testimonio ante la Procuraduría por los insultos del ministro del Interior durante un allanamiento.
2 horas atrás
FOTO I La Razón.co - Radio Guatapurí

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana rindió este martes su testimonio ante la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso disciplinario que enfrenta el ministro del Interior, Armando Benedetti. Tras la diligencia, la togada calificó los señalamientos del funcionario como una agresión a la justicia.

La declaración respondió a una orden del procurador delegado en el caso que se adelanta por las expresiones del ministro durante un procedimiento judicial que el despacho de Lombana ejecutaba en la residencia del alto funcionario, en noviembre de 2025.

La magistrada separó la ofensa personal del fondo del asunto. “No es un agravio personal. Lo relevante aquí es el agravio a la justicia, la administración de Justicia por parte de un alto funcionario del Ministerio del interior”, expresó, y planteó que las palabras del ministro configuran “un ataque directo a la administración de Justicia”.

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Lombana también pidió que la atención no recayera en su género, sino en los cargos involucrados. “No quiero resaltar mi condición de mujer porque me parece que lo relevante, insisto, es la posición como magistrada de la Corte Suprema de Justicia y su posición como ministro del Interior”, afirmó.

La togada sostuvo que el cumplimiento de una función judicial no puede tomarse como un asunto personal, sobre todo cuando no existía una relación previa con los investigados. En esa línea, reclamó respaldo institucional. “Hoy tomó la vocería para solicitar la protección de la Corte Suprema de quienes administramos justicia”, señaló.

La magistrada reconoció que los jueces reciben ataques de manera frecuente, pero subrayó que el rango del funcionario agrava la situación. El proceso busca establecer si Benedetti vulneró los deberes de respeto y rectitud exigidos a los servidores públicos.

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