La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República expidieron la Directiva Conjunta No. 001 de 2026, con la que exigen al Gobierno Nacional saliente entregar un informe de gestión a la administración entrante. El documento debe detallar los asuntos y recursos públicos, tanto ejecutados como pendientes, al cierre del periodo constitucional.
La directiva, firmada por el procurador Gregorio Eljach Pacheco y el contralor encargado Carlos Enrique Silgado Betancourt, se ampara en el artículo 209 de la Constitución y la Ley 951 de 2005. El informe debe abarcar la totalidad de los temas a cargo de la administración, junto con la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos.
Los organismos de control advirtieron que esta obligación no admite excepciones. Según la directiva, cuando un servidor público se abstenga de entregar el acta, el órgano de control interno podrá requerirlo, y la persistencia en el incumplimiento puede acarrear sanciones disciplinarias, fiscales o de otra naturaleza.
El documento pide al gobierno saliente verificar que todos los contratos suscritos, ejecutados o en curso figuren en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). También solicita entregar información clara sobre los acuerdos próximos a vencer y aquellos con dificultades de ejecución o controversias.
Las entidades recordaron la necesidad de dejar constancia de las competencias concurrentes entre niveles de gobierno y de las funciones asumidas bajo el principio de subsidiariedad, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios públicos.
La directiva exhorta, además, a publicar los informes de empalme y sus soportes para consulta ciudadana, salvo las reservas previstas en la Ley 1712 de 2014. La medida llega en medio de la transición hacia el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto.
