La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó retirar los esquemas de seguridad asignados a Juliana Guerrero y al activista y youtuber Beto Coral, según revelaron medios nacionales. Ambos cuentan con un plazo de 10 días para presentar un recurso de revisión y apelar la decisión adoptada por la entidad.
Dichos esquemas de protección habían sido aprobados durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando Augusto Rodríguez estaba al frente de la UNP. De acuerdo con la información conocida, la entidad revisó recientemente las condiciones de riesgo de las dos personas y determinó retirar las medidas de protección.
La decisión también se produce en medio de cuestionamientos sobre los esquemas otorgados a personas cercanas al Pacto Histórico. Según revelaron medios nacionales, las medidas de seguridad asignadas a Guerrero y Coral, junto con la de Gabriela Muñoz, representaban para el Estado un costo aproximado de 40 millones de pesos mensuales.
En el caso de Juliana Guerrero, la decisión de la UNP coincide con un proceso que adelanta la Fiscalía. La entidad judicial le imputó cargos por la presunta presentación de títulos falsos de la Universidad San José en su hoja de vida, documentos que habría utilizado para acreditar su formación al momento de su posesión como viceministra de las Juventudes.
Guerrero también ha sido mencionada en otras denuncias relacionadas con la presunta obtención de beneficios económicos a través de trámites de contratos en entidades estatales durante la anterior administración. Estos señalamientos hacen parte de actuaciones y denuncias que deberán ser definidos por las autoridades competentes.
Por su parte, Beto Coral regresó a Colombia después de ser deportado de Estados Unidos. Su caso fue mencionado por la administración de Donald Trump en el contexto de los cuestionamientos al uso de las normas de asilo de ese país.
