@Javierdelahoz20
Visto desde un satélite, el asunto cabe en una mancha, fueron 127 hectáreas de selva amazónica que fueron taladas, eso ocurre todos los días en la Amazonía, la de Brasil y la nuestra, lo inusual fue lo que vino después, un juez federal de Brasil aceptó una estimación técnica de cuánto carbono se liberó al talar ese bosque y le puso precio, unos 1.200 millones de pesos, solo por el daño al clima.
En agosto de este año el centro de derecho climático de la Universidad de Columbia, que lleva el registro más completo de estos litigios en el mundo, incorporó este y otros fallos similares a su base de datos.
El caso ocurrió en Boca do Acre, un municipio del estado de Amazonas, en tierras del Estado brasileño destinadas a comunidades que viven de recolectar lo que da el bosque, en ese lugar ocupantes ilegales fueron talando el bosque durante años, y tras una larga investigación, la Fiscalía federal presentó en 2021 veintidós demandas en contra de cada responsable identificado.
No fueron denuncias penales, fueron demandas civiles colectivas, parecidas a nuestras acciones populares, que sirven para defender los bienes públicos, además, la jurisprudencia brasileña ha establecido que las obligaciones ambientales siguen al inmueble y pueden exigirse al propietario actual o a los anteriores, es decir quien adquiere un terreno deforestado adquiere también su pasivo ambiental.
El juez ordenó lo que cualquiera esperaría, restaurar el área, prohibir su uso para otras actividades y así permitir que el bosque se regenere, pagar los daños materiales e indemnizar a la comunidad por el perjuicio colectivo, además anulo el registro ambiental del predio, pero agregó algo todavía excepcional en la región, una condena aparte por el daño al clima, de casi dos millones de reales, unos 1.200 millones de pesos, esta decisión quedó en firme y ya está en etapa de cobro.
¿Pero Cómo se llega a esa cifra? , es sencillo sin fórmulas exóticas, para medir cuánto carbono se liberó, el juez se apoyó en un estudio técnico de un instituto de investigación amazónico, y para ponerle precio, usó el valor de referencia del Fondo Amazonía, el mecanismo con el que Brasil recibe aportes internacionales para frenar la deforestación, en este caso cinco dólares por tonelada, si es un precio modesto, muy por debajo de lo que se paga en los mercados de carbono más exigentes, y justamente por eso es difícil de cuestionar nadie puede acusar al juez de inflar el monto, dicho de otra forma, cada hectárea de selva talada le costó al condenado cerca de 9,5 millones de pesos, solo por el daño climático.
En lo personal considero que el valor de la sentencia no está solo en el monto de la reparación climática, más bien está en el criterio; fija una deuda que cualquier comprador futuro de esas tierras tendrá que asumir.
Tampoco es un precedente consolidado del todo o unánime, algunos jueces brasileños se han negado a conceder estas indemnizaciones porque, dicen, falta prueba técnica y no hay reglas claras para calcularlas, no obstante cada cada vez más las aceptan; es asi como otro juez del mismo grupo de casos condenó a un segundo deforestador por unos 1.100 millones de pesos con el mismo método.
¿Y Colombia? Según el IDEAM, en 2025 el país perdió 119.483 hectáreas de bosque, un 5,2 % más que el año anterior, y dos de cada tres se talaron en la Amazonía, si ese daño se midiera con el criterio del juez brasileño, la factura climática de un solo año rondaría el billón de pesos derivados de esa deforestación que el mismo estado esta midiendo.
En Colombia herramientas legales no nos faltan, la Constitución protege el ambiente sano y obliga al Estado a exigir la reparación de los daños causados, existe la responsabilidad civil por daño ambiental, la acción popular para proteger derechos colectivos, con un fondo creado por la misma ley para administrar esos recursos, y un procedimiento sancionatorio en manos de las autoridades ambientales. Tenemos, además, impuesto al carbono desde 2016, es decir, el país ya acepta que una tonelada de carbono tiene precio cuando se trata de cobrar un tributo.
Lo que no se ha consolidado es un método para trasladar ese precio a la reparación del daño, cuando aquí se tala ilegalmente, la discusión suele quedarse en la multa, que es castigo, o en la restauración del terreno, que es necesaria pero lenta, el carbono que salió tardará décadas en volver, aunque se siembren árboles.
Las consecuencias prácticas no son menores, y no solo para quien empuña la motosierra, para quien va a comprar una finca, revisar si allí hubo tala reciente deja de ser un trámite formal y puede ser la diferencia entre un buen negocio y una deuda heredada por falta de debida diligencia ambiental y climática dentro de ese negocio comercial.
Cada día esto adquiere mayor relevancia para los bancos y compradores que financian o adquieren productos de zonas recién deforestadas, cada vez más miran estos riesgos antes de firmar un contrato.
El caso brasileño demuestra que el obstáculo no son las normas sino la prueba técnica, la metodología y la decisión de usarlas, Brasil no inventó una figura nueva, usó lo que ya tenía, una demanda civil, la regla de que quien daña paga y un precio de referencia oficial, se atrevió a sumar. Colombia tiene instrumentos legales parecidos, y si ya aceptamos que la tonelada de carbono vale cuando se grava, ¿por qué seguimos actuando como si no valiera nada cuando se destruye?
