El 30 de septiembre de 2025, una organización ambiental le preguntó a la empresa que opera los restaurantes McDonald’s en Colombia ¿de dónde viene la carne que usa para preparar sus famosas hamburguesas?, pero además qué hace para no comprársela a quienes deforestan bosques?, la respuesta llego pocos días después, esa información estaba cobijada por secreto industrial y comercial, así de contundente, nada más.
No obstante la contundencia de la respuesta el caso terminó en la Corte Constitucional, junto con otro casi idéntico contra Comidas Varpel, propietaria de Home Burgers, la Sentencia T-354 de 2026 ordenó a ambas compañías responder de fondo las peticiones, el fallo deja ver algo más que un litigio perdido, muestra un hábito corporativo muy extendido, y es usar el secreto empresarial como una estrategia antes de revisar qué hay detrás de las preguntas que se formulan, mi lectura es sencilla, cuando una compañía se escuda en el secreto para no explicar cómo controla los riesgos ambientales de su cadena de suministro rara vez está protegiendo una ventaja competitiva, casi siempre está protegiendo un vacío en la debida diligencia que hoy día es obligatoria.
Para entender por qué una hamburguesa llega a la máxima instancia constitucional de Colombia hay que empezar por el principio. La propia sentencia expone que las actividades ganaderas son la principal causa de deforestación en el mundo y representan cerca del 41 % de ella, en Colombia, según el IDEAM, la ganadería extensiva figura entre los grandes motores de la pérdida de bosque, y la carne que se consume en las ciudades arrastra esa historia aunque quienes la comamos no la veamos, ya en 2024, con la Sentencia T-534, la Corte ya había reconocido que la información sobre la trazabilidad de la carne y los compromisos de cero deforestación son de interés general, este fue un famoso caso contra Super Tiendas Olímpica, en este último llevó la regla un eslabón más abajo en la llamada cadena de suministro; alcanzo el restaurante que sirve la carne.
Las empresas se defendieron con argumentos razonables en apariencia, y es que estas no producen ni comercializan carne, dijeron; no prestan servicios públicos ni ejercen funciones administrativas, y ninguna norma las obliga a contestar los cuestionarios de un particular, no obstante la Sala Cuarta de Revisión de la Corte respondió con una tesis que poco a poco se consolido, y es que la ley permite dirigir peticiones a organizaciones privadas cuando la respuesta sirve para proteger un derecho fundamental, y el ambiente sano lo es, es decir, lo determinante deja de ser la naturaleza de quien recibe la pregunta y pasa a ser la utilidad ambiental de lo que se pregunta.
Nada de esto significa que el secreto empresarial haya perdido valor, está protegido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina y cumple una función legítima, entre otras, resguardar fórmulas, procesos o estrategias que una empresa no tiene por qué entregar a sus competidores, en este caso lo que hizo la sentencia fue recordar que el secreto no se presume, para que exista la información debe ser desconocida en el sector, tener valor comercial precisamente por ser reservada y estar protegida con medidas razonables por su titular.Siguiendo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los magistrados de la Corte añadieron que ese valor debe tener una importancia económica real, y fijaron una exigencia en el sentido de que toda negativa debe fundarse en razones concretas y veraces.
Con ese filtro la Corte examino pregunta por pregunta la petición inicial y es claro que se produjeron resultados que contradicen los argumentos tanto de los demandantes como de las demandadas, por ejemplo; los volúmenes de ventas no estaban amparados por el secreto, pero tampoco se ordenó entregarlos, porque nada aportan a la protección del ambiente, con los nombres de los proveedores ocurrió algo parecido, no eran secreto empresarial, pero la Sala consideró que revelarlos comprometía datos de terceros ajenos al proceso y que, por sí solos, no permiten medir impacto alguno, pero lo que sí debía contestarse era dónde se almacena la carne, qué se exige a los proveedores, cómo se verifica que no provenga de zonas deforestadas y qué certificaciones respaldan esos compromisos.
Ahí está, a mi juicio, el aporte más valioso de la sentencia , la transparencia exigida recae sobre el control, no sobre el negocio, nadie le pidió a una cadena de restaurantes revelar sus márgenes de rentabilidad, sus precios o la identidad de sus socios comerciales, se le pidió explicar cómo gestiona y administra un riesgo ambiental.
Las respuestas que la Corte encontró insuficientes muestran bien ese problema, por ejemplo ante la pregunta sobre deforestación cero, una de las compañías habló de digitalización de procesos y empaques biodegradables, que nada tenían que ver con el interrogante, la otra contestó en algún punto que su análisis anterior ya cubría el interrogante, y en varias ocasiones alegó no tener proveedores en Colombia, cuando las preguntas no se limitaban al país y ella misma reconocía monitorear la carne que importa de Argentina y Brasil y cuando esa misma empresa explicó con detalle su sistema de monitoreo de deforestación a sus proveedores, la respuesta se tuvo por satisfecha, es decir bastaba con contestar claramente para no violar el derecho fundamental.
Para las empresas, el mensaje no se agota en una tutela, desde junio rige la Ley 2585 de 2026, que busca conectar los sistemas de trazabilidad ganadera con el monitoreo de bosques y el catastro para identificar el origen ambiental del ganado, su eficacia dependerá de la reglamentación y de la capacidad de las entidades, pero la dirección es clara. La Unión Europea, por su parte, adoptó un reglamento que exigirá demostrar que productos como la carne de res no provienen de tierras deforestadas, las compañías que construyan desde ahora sistemas de verificación propios estarán mejor preparadas para ese escenario y podrán responder cualquier petición sin temor a revelar lo que no se debe revelar.
El acceso a la información ambiental es un derecho, y se ejerce mejor cuando la petición deja claro desde el principio para qué sirve, lo que este caso pone sobre la mesa va más allá de las hamburguesas, se trata de cómo conviven dos intereses legítimos, el de las empresas a proteger lo que las hace competitivas y el de la sociedad a saber si lo que consume le está costando bosques al país, la Corte trazó una línea razonable entre ambos, aunque no exenta de críticas.
Queda por ver si las empresas colombianas están preparadas para responder con la claridad que hoy se les exige, o si seguirán confiando en que la palabra “confidencial” basta resolver de fondo los derechos de petición de información que muy seguramente les van a seguir llegando.





