El Tribunal Administrativo de Bolívar aclaró este jueves mediante el Auto Interlocutorio, proferido el 23 de abril de 2026, que la Superintendencia Nacional de Salud debe devolver la administración y representación legal de Coosalud EPS S.A. a Jaime Miguel González Montaño, quien está certificado como su representante legal.
La decisión, con ponencia del magistrado Luís Miguel Villalobos Álvarez, resuelve solicitudes de aclaración y adición a la medida cautelar de urgencia decretada mediante el auto No. 072/2026 del 14 de abril de 2026, en el marco de una acción popular radicada.
Los demandantes Jaime González Montaño y Natalia Largo González solicitaron al despacho que aclarara y ampliara el alcance de la orden de «restablecer las cosas al estado en que se encontraban al momento de la expedición de los actos cuya suspensión se ordena», indicando que esa disposición comprende la entrega inmediata de la administración y la representación legal de Coosalud EPS S.A. a quienes la ostentaban antes de la intervención de la Supersalud.
La disputa judicial en torno a Coosalud se ha convertido en uno de los frentes más activos del conflicto entre la Superintendencia Nacional de Salud y el exgerente González Montaño, cuyas declaraciones motivaron además el proceso de tutela que llevó al presidente Gustavo Petro a ser declarado en desacato y multado por un juzgado de Bogotá.
La aclaración del Tribunal de Bolívar refuerza la posición judicial de González Montaño frente a la Supersalud, entidad demandada junto con el agente interventor de Coosalud EPS S.A. en el proceso que originó la medida cautelar ahora aclarada.
