Contraloría pone la lupa sobre $856.000 millones que dejará la venta de las acciones de Movistar Colombia en la fusión con Tigo

La Contraloría vigila la venta del 32,5% de las acciones de Movistar Colombia que el Estado debe enajenar tras la fusión con Tigo, recursos estimados en $856.000 millones.
1 hora atrás
Foto | Contraloría General de La República de Colombia

La Contraloría General de la República anunció este jueves que adelanta seguimiento preventivo y riguroso a la venta de la participación estatal en Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, conocida como Movistar Colombia, cuyo control mayoritario pasó a manos de Millicom Colombia Holding S.A.S., operadora de Tigo, tras asumir el 67,5% de las acciones de la compañía en febrero de 2026.

El órgano de control enfoca su actuación en la vigilancia de la venta del 32,5% restante, que pertenece al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con recursos estimados en al menos $856.000 millones que ingresarían al Tesoro Nacional.

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El ente de control solicitó a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, información detallada sobre la destinación final de esos recursos, así como una evaluación del impacto de la operación en términos de eficiencia y beneficio social para la población colombiana.

En la primera etapa de la enajenación se adjudicaron 3.000 acciones a destinatarios de condiciones especiales. Para la segunda etapa, cuyo reglamento se aprobó el 6 de marzo de 2026, se presentó un único interesado en el proceso de precalificación: Millicom Colombia Holding S.A.S., declarado inversionista precalificado. La subasta está prevista para este mismo 24 de abril y el cierre, para el 29 de abril de 2026. El precio de referencia actual de cada acción es de $772,38.

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La Contraloría General exigió que el proceso de enajenación se realice bajo los principios de transparencia, defensa del patrimonio público y garantía de continuidad en la prestación del servicio, conforme al Decreto 1481 de 2025, y advirtió que mientras existan recursos públicos comprometidos, la empresa seguirá siendo sujeto de control fiscal.