El presidente Gustavo Petro objetó la ley que establece los días sin IVA en Colombia, argumentando que, según la Constitución, las leyes tributarias no pueden existir sin el aval del Gobierno Nacional.
La decisión generó una controversia en el país, con críticas por parte del autor de la ley, el congresista Miguel Uribe, del partido Centro Democrático, quien aseguró que la objeción se debe a temas políticos y no tiene en cuenta el beneficio económico de estas jornadas.
En respuesta a la polémica, Petro lanzó varias propuestas alternativas. Sugirió que el primer día sin IVA se establezca para bienes alimenticios nacionales, el segundo para todos los bienes alimenticios y de confección de textiles y cuero nacionales, y el tercer día sin IVA sea para los bienes de la canasta básica familiar nacionales, así como para paneles solares y vehículos eléctricos, tanto nacionales como importados.
El presidente ha sostenido que los días sin IVA benefician principalmente a uno de los sectores más poderosos económicamente del país. Según Petro, los precios se inflan y el ciudadano en realidad no obtiene ningún beneficio, mientras que las compañías se evitan el pago del tributo.
Esta tesis fue respaldada por el congresista Pedro Suárez Vaca, representante del Pacto Histórico, quien afirmó que las exenciones de impuestos deben ser establecidas por el Gobierno Nacional, según el artículo 154 de la Constitución, por lo que la ley de días sin IVA podría ser declarada inconstitucional.
La controversia ha generado un debate sobre la efectividad de los días sin IVA y su impacto real en la economía y en los bolsillos de los colombianos. Mientras algunos expertos señalan que estas jornadas pueden impulsar el consumo y dinamizar sectores específicos, otros advierten sobre posibles distorsiones en los precios y beneficios concentrados en las grandes empresas.
Ahora, el destino de la ley de días sin IVA dependerá de la respuesta del Congreso a la objeción presidencial. Si las cámaras insisten en su aprobación, el gobierno podría acudir a la Corte Constitucional para que determine la exequibilidad de la norma.
