Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero no aceptaron cargos

Los sindicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD manifestaron su intención de llegar a un acuerdo con el ente acusador mediante un principio de oportunidad.
1 mes atrás
Foto: Olmedo López - Sneyder Pinilla Archivo La Razón

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, y Luis Eduardo López, contratista, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación en el marco del escándalo de corrupción que involucra a la institución. Los tres sindicados manifestaron su intención de llegar a un acuerdo con el ente acusador mediante un principio de oportunidad.

La fiscal Andrea Muñoz, encargada del caso, presentó los cargos contra los implicados. A Olmedo López se le imputan los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado por $724 millones, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado

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Las penas para estos delitos oscilan entre 8 y 18 años de prisión, multas de hasta 30.000 salarios mínimos y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Por su parte, a Sneyder Pinilla se le acusa de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado por $342 millones, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso. Las penas para estos delitos van desde los 8 hasta los 18 años de cárcel, multas de hasta 30.000 salarios mínimos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Finalmente, a Luis Eduardo López se le imputan los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado por $7.821 millones, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso. Las penas para estos delitos parten de los 8 años de prisión, multas de hasta 30.000 salarios mínimos y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

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La Fiscalía informó a los imputados sobre la posibilidad de allanarse a los cargos y obtener una rebaja de hasta la mitad de la pena, siempre y cuando reintegren al menos el 50% del valor equivalente al incremento patrimonial percibido con el delito y aseguren el recaudo del remanente. Los sindicados tendrán la opción de aceptar total o parcialmente su responsabilidad en los delitos imputados.