La Superintendencia Nacional de Salud encendió las alarmas y activó la Red de Controladores, mecanismo que articula a varias entidades del Estado para blindar los recursos del sistema de salud, ante una ola de embargos que ya supera los $2,6 billones en dineros públicos retenidos a las Entidades Promotoras de Salud.
El ente de vigilancia advirtió que esa retención masiva de fondos pone en riesgo directo la continuidad de los tratamientos médicos y la atención de los usuarios afiliados a las EPS comprometidas, en un escenario donde los recursos embargados son precisamente los destinados a financiar los servicios de salud de millones de colombianos.
El caso más crítico lo protagoniza Nueva EPS, que concentra cerca de $2,1 billones de ese total, es decir, más del 80 % de los recursos retenidos. La magnitud de la cifra convierte a esa entidad en el foco principal de la intervención que adelanta la Superintendencia.
La Red de Controladores reúne a organismos del Estado con competencias sobre el sistema de salud y los recursos públicos que lo financian. Su activación busca coordinar acciones que impidan que los embargos terminen paralizando la prestación de servicios médicos o interrumpiendo tratamientos que los pacientes ya tienen en curso.
La Superintendencia Nacional de Salud no precisó en su comunicado el origen de los embargos ni los acreedores que los originaron, pero dejó claro que la prioridad institucional es proteger los recursos destinados a la atención en salud y evitar que disputas económicas o jurídicas entre terceros terminen perjudicando a los usuarios del sistema.
La situación se produce en un momento de alta tensión para el sector salud colombiano, que afronta debates sobre la reforma al sistema y la viabilidad financiera de varias EPS en todo el país.
