El peaje La Caimanera, ubicado inicialmente entre Coveñas y Tolú y el cual fue retirado a inicios de 2023 por decisión del Ministerio de Transporte, tras la presión ejercida por el descontento de las comunidades del corredor turístico de Sucre, se encuentra en el centro de un debate sobre su reubicación.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) evalúa diferentes alternativas para su nueva ubicación, en medio de las preocupaciones por el impacto financiero en el contrato de concesión vial, tras dejar de percibir el recaudo del peaje.
Manuel Raigozo Rubio, gerente general de la Concesión Ruta al Mar, explicó que el retiro del peaje causó el desequilibrio financiero del proyecto.
“La única fuente de compensación para las inversiones que ha realizado ya la concesión son los peajes y sin ese cobro se genera una afectación no a la concesión, sino al proyecto”, señaló Raigozo.
Inicialmente, se consideró reubicar el peaje antes de llegar a Coveñas, en el sector de El Porvenir, en Córdoba, sin embargo, esta opción encontró resistencia de las autoridades departamentales.
“La ANI ha tomado atenta nota de las observaciones y de las manifestaciones públicas que ha hecho el señor gobernador de Córdoba frente a su oposición a la colocación de más peajes en el departamento”, indicó el gerente de Ruta al mar.
Actualmente, una de las opciones que se analiza es la instalación del peaje en la variante de Coveñas, una alternativa que, según Raigozo, “en alguna oportunidad se ha convenido con las comunidades y con las autoridades”.
La decisión final sobre la nueva ubicación del peaje no recae en la concesión, sino en el Estado, a través de la ANI, y estará respaldada en una resolución del Ministerio de Transporte, aclaró Raigozo.
Ruta al Mar insiste en que el retiro del peaje La Caimanera es el origen del desequilibrio financiero del contrato de concesión. La inversión total del proyecto asciende a 2.4 billones de pesos, de los cuales 1.9 billones corresponden a construcción y 500 mil millones a operación.
Mientras se define la situación, la ANI continúa analizando diferentes alternativas que permitan equilibrar las necesidades de financiación del proyecto con las preocupaciones de las comunidades locales y las autoridades departamentales.
