El Consejo de Estado determinó que la Procuraduría General de la Nación mantendrá sus facultades para imponer sanciones disciplinarias a funcionarios elegidos mediante voto popular. La decisión, respaldada por 16 consejeros y rechazada por cuatro, establece un mecanismo de revisión automática para los casos de destitución e inhabilidad.
Dicha determinación surge tras una extensa deliberación en la Sala Plena del Consejo de Estado, donde se estableció un nuevo procedimiento de control judicial sobre las decisiones disciplinarias. Esta medida busca alinearse con los estándares internacionales en materia de protección de derechos políticos, según lo expresado por el presidente del tribunal, Milton Chaves García.
De esta forma, el alcance de esta disposición se extiende más allá de los funcionarios en ejercicio, incluyendo también a aquellos que ya han culminado su periodo constitucional.
“El control que va a hacer el Consejo de Estado sobre las sanciones de la Procuraduría, va a cobijar además de los elegidos popularmente, que están en ejercicio del cargo, también aquellas sanciones que se impongan a elegidos popularmente, pero que ya dejaron su cargo, que es después del periodo constitucional que tengan”, precisó Chaves.
Con esta ampliación de la supervisión judicial garantiza el principio de doble conformidad, permitiendo una revisión integral de las decisiones sancionatorias.
“Otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta es que se garantiza el principio de doble conformidad, estas personas que tienen este régimen especial van a tener la posibilidad de que se revise esa decisión que se tome en primera instancia”, señaló el presidente del Consejo de Estado.
La resolución responde a lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023, que instó al Congreso a desarrollar un estatuto específico para servidores públicos de elección popular. La ponencia fue presentada por el vicepresidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, tras la deliberación de la Sala Plena.
