La Procuraduría General de la Nación solicitó a las entidades del orden nacional y departamental canalizar de manera oportuna y en el menor tiempo posible las ayudas para las comunidades afectadas por las inundaciones registradas en las últimas horas en Casanare.
El Ministerio Público pidió, además, garantizar la atención médica que requieren los damnificados por la emergencia invernal que golpea al departamento llanero.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare hace presencia permanente en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado por el departamento para atender la contingencia, desde donde se coordinan las acciones de respuesta.
En las últimas horas, el gobernador de Casanare expidió el decreto que declara la calamidad pública en el territorio, medida que facilita la asignación de recursos especiales para la atención de la emergencia.
La ola invernal afecta a los 19 municipios del departamento, donde los damnificados pasaron de 2.000 a 4.500 en pocos días, según reportó la Dirección de Gestión del Riesgo departamental. El desbordamiento del río Tocaría inundó sectores urbanos de Nunchía y obligó a evacuar a más de 60 familias, mientras zonas como Hato Corozal, que no registraban inundaciones desde hace 15 años, permanecen anegadas.
