La Procuraduría General de la Nación dio un paso más en el escándalo de contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena): exhortó formalmente a la entidad a suspender los procesos de selección para contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada en las zonas 1, 3, 4 y 5 de sus instalaciones, ante el riesgo de que los contratos queden viciados de nulidad absoluta.
El Ministerio Público identificó posibles restricciones a la libre competencia en cinco procesos licitatorios que se adelantan en distintas regiones del país y cuyo valor conjunto supera los $192.000 millones de pesos. Según el ente de control, la entidad debe analizar en detalle las medidas que debe adoptar frente a estos procesos, dado el escenario de posible nulidad de los negocios jurídicos a suscribir.
La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública sustentó su actuación en la obligación de proteger el interés general y evitar adjudicaciones irregulares. El documento precisa que ante la advertencia de razones de interés público que contradicen lo indicado al ordenar la apertura de la licitación, “la Administración debe propender por proteger y garantizar el interés general y no perseverar en su contra forzando una irregular adjudicación.”
El ente de control aclaró que su actuación preventiva no implica coadministración ni injerencia en las decisiones del Sena, pero sí constituye una advertencia formal que la entidad debe atender para evitar consecuencias jurídicas mayores.
El escándalo comenzó cuando una Red de Veedurías ciudadanas denunció la existencia de “pliegos sastre” en las licitaciones, con requisitos diseñados para favorecer a empresas específicas del sector de seguridad privada. En varias regionales, los procesos registraron un único proponente, una anomalía que disparó las alarmas de los organismos de control y que llevó al Sena a separar al coordinador del proceso en la Regional Sucre.
