El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, admitió graves deficiencias en la respuesta estatal ante la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde más de 82.000 personas han sido desplazadas por la violencia.
Durante una audiencia convocada por la Corte Constitucional para evaluar la situación en esta región de Norte de Santander, el jefe del Ministerio Público reconoció que persiste una “nota de descoordinación y desarticulación” entre las instituciones del Gobierno Nacional.
Eljach coincidió con el análisis presentado por la magistrada ponente al señalar que “falta mucha acción” por parte del Estado. El funcionario identificó un problema estructural: las entidades llegan a la zona de manera temporal, pero abandonan el territorio mientras las comunidades permanecen expuestas al conflicto.
“El Estado central llega y en algún momento se va, pero la comunidad se queda”, expresó el Procurador al describir la principal crítica surgida en la audiencia. Añadió que resulta imperativo implementar mecanismos de presencia permanente en la región.
Respecto a las cifras de desplazamiento, Eljach reconoció discrepancias entre diferentes instituciones, aunque calificó la magnitud del éxodo como “abrumadoramente grande y dolorosamente fuerte” para una zona históricamente golpeada por la violencia.
El Procurador presentó un informe detallando las acciones realizadas por su entidad, pero admitió que los esfuerzos institucionales no logran articularse efectivamente. “Se actúa, pero parece que no logramos encajar todos y coordinarnos para que los esfuerzos sean mucho más provechosos”, declaró.
La audiencia evidenció el consenso entre la Corte Constitucional y la Procuraduría sobre la necesidad urgente de transformar la estrategia gubernamental en el Catatumbo, pasando de intervenciones esporádicas a una presencia estatal sostenida que garantice protección real a las comunidades vulnerables.
