La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República presentó una solicitud de nulidad ante el Consejo de Estado contra el fallo judicial que ordenó al presidente de Colombia cesar la transmisión de los consejos de ministros a través de canales privados de televisión.
El documento, radicado el 21 de abril de 2025 en Bogotá, fue dirigido al consejero ponente Alberto Montaña Plata de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia, argumenta en la solicitud que la sentencia de primera instancia, proferida el 11 de abril de 2025, vulneró el derecho fundamental al debido proceso del presidente, ya que este no fue vinculado formalmente al proceso, aunque resultó condenado en el fallo.
El recurso explica que en el auto del 12 de marzo de 2025 se admitió la acción de tutela presentada por María Cristina Cuellar Cárdenas contra la Presidencia de la República, vinculando como terceros con interés a Canal RCN, Caracol Televisión y Canal Uno, sin prever la vinculación del presidente.
Sin embargo, en la sentencia el juez ordenó directamente “al Presidente de la República, a la Presidencia de la República y a la CRC que, una vez notificada esta providencia, no se reincida en la conducta vulneradora”, sin que el mandatario hubiera tenido oportunidad de ser escuchado durante el trámite de primera instancia.
La solicitud se fundamenta en lo establecido por el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, aplicable a la jurisdicción constitucional, que regula las notificaciones en procesos judiciales.
El caso se originó cuando la ciudadana María Cristina Cuellar Cárdenas interpuso una acción de tutela contra la Presidencia por la transmisión de los consejos de ministros en canales privados, lo que el fallo consideró como una conducta vulneradora que podría ser interpretada como censura.
Entre los vinculados al caso figuran Canal RCN, Caracol Televisión y Canal Uno, medios a través de los cuales se realizaban las transmisiones objeto de la controversia judicial.
La solicitud de nulidad busca revertir la decisión judicial argumentando que se violó el derecho de defensa y contradicción del presidente al no haberlo notificado debidamente durante el proceso.
