El Ministerio de Salud y Protección Social salió este miércoles a aclarar el alcance de la Resolución 0900 de 2026, expedida el 7 de mayo, luego de que publicaciones en medios de comunicación generaran interpretaciones sobre posibles restricciones en el manejo de los recursos del sector salud.
La cartera ministerial precisó que la norma no modifica la destinación de los recursos públicos ni impone nuevas limitaciones para su ejecución. Su propósito, según el comunicado oficial, es actualizar los instrumentos técnicos y documentales de seguimiento ya existentes, con el fin de fortalecer la vigilancia sobre los recursos transferidos a entidades territoriales, Empresas Sociales del Estado y otros beneficiarios del sector.
La resolución modifica disposiciones contenidas en las resoluciones 2361 de 2016 y 737 de 2024, y busca mejorar la trazabilidad, consistencia e integridad de la información reportada a través de la plataforma PISIS. También optimiza los procesos de rendición de cuentas y el cierre efectivo de los recursos asignados.
Entre los documentos que las entidades beneficiarias deberán reportar figuran actos administrativos de incorporación presupuestal, contratos, actas de ejecución, informes técnicos y financieros, soportes de reintegro de recursos no ejecutados y certificaciones de representantes legales, contadores y revisores fiscales.
La norma incorpora además dos anexos de certificación: uno sobre la autenticidad de los documentos cargados en PISIS y otro sobre el cumplimiento técnico, financiero y contable en la ejecución de los recursos.
El Ministerio precisó que la resolución aplica a transferencias realizadas a partir de su expedición y a recursos que aún no cuenten con acta o informe final de cierre. No cobija procesos de revisión o validación ya finalizados.
