¿Qué implicaciones tiene para candidatura presidencial de Fajardo el fallo de la Contraloría?

Fajardo podría invocar la garantía de sus derechos políticos vía tutela, Consejo de Estado o Corte Interamericana de Derechos Humanos.


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Redacción. Qué significa para la candidatura presidencial de Sergio Fajardo el fallo de la Contraloría General de la República que confirmó la responsabilidad fiscal del exgobernador de Antioquia en el caso de Hidroituango.

Esa es la pregunta que hoy ronda en el escenario político colombiano, toda vez que el ordenamiento jurídico de la nación no permite que personas con condenas fiscales, puedan postularse a cargos de elección popular.

El fallo del máximo ente de revisión fiscal del país obliga a los responsables a pagar alrededor de 4.3 billones de pesos, que sería el detrimento calculado por las irregularidades en el diseño y construcción de esta hidroeléctrica.

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Expertos en la materia señalan que, si el gobernador de Antioquia no paga la multa, podría quedar inhabilitado para ocupar cargos públicos y por ende saldría de la competencia por la carrera presidencial.

No obstante, tiene varias alternativas jurídicas para tratar de salvar la aspiración, caminos que junto a su equipo de abogados ya se encuentra analizando.

Fajardo podría acudir a la figura de la tutela e invocar los derechos a la participación política, solicitando medidas cautelares de suspensión contra decisión de la Contraloría General.

Si esto sucede el hoy precandidato podría continuar en la contienda presidencial, no obstante, su imagen quedaría afectada y esto podría impactar en la intención de voto.

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De igual forma otra de las opciones es acudir al Consejo de Estado, porque es una decisión de carácter administrativo.

El Consejo de Estado podría acoger la tesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual le da prelación a los derechos políticos cuando este tipo de decisiones son de carácter administrativo y no a través de jueces.

Precisamente este sería el tercer escenario, acudir a las instancias internacionales (CIDH) para defender los derechos políticos de elegir y ser elegido, la Corte Interamericana defiende que los fallos administrativos no suspenden derechos políticos.

Aplicaría una de las figuras qué la Corte Interamericana Derechos Humanos ya conceptuó en el caso de Gustavo Petro.

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