El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, redactar una iniciativa legislativa que obligue a los propietarios de empresas prestadoras de salud a responder con su patrimonio personal por los compromisos financieros incumplidos con hospitales, clínicas y proveedores médicos.
La medida busca cambiar el curso que tomó la gestión de estas entidades en los últimos años. Petro cuestionó directamente a administraciones anteriores por haber permitido que se acumularan deudas sin exigir responsabilidad a quienes controlaban las empresas.
El mandatario mencionó específicamente al expresidente Iván Duque y su ministro de Salud Fernando Ruiz: “No vamos a repetir el error que cometieron”.
Según Petro, los gobiernos pasados actuaron con intención deliberada de favorecer a los empresarios del sector. “Tenían dolo de pagarles las deudas a esos señores privados para seguir con deudas hoy en este Gobierno”, planteó el presidente, sugiriendo que permitieron el crecimiento de pasivos de manera consciente.
El mandatario fue más lejos al vincular a las EPS con financiamiento de violencia. Denunció que estas empresas “se convirtieron en la caja menor del paramilitarismo”, desviando dinero público destinado a servicios de salud hacia otras actividades criminales.
Petro detalló cómo ocurrió este desvío en lugares específicos: en Coveñas y Sincelejo, en el departamento de Sucre, y otras zonas del país, recursos que debían “pagar hospitales o enfermeras” fueron utilizados para sustentar “a quienes, con fusiles, mataban en vez de salvar a la ciudadanía” de territorios como Córdoba y el Caribe.
El presidente presentó a los grupos armados como opuestos directos al propósito de la salud pública, enfatizando que mientras accedían a estos fondos, perpetraban violencia contra campesinos y población vulnerable.
La propuesta legislativa del Ejecutivo apunta a hacer responsables financieramente a quienes ganaron operando estas entidades, impidiendo que continúe siendo el Estado quien cargue con deudas acumuladas por gestión privada negligente o, según Petro, deliberadamente corrupta.
