Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aceptó su responsabilidad penal por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, en el marco del escándalo de corrupción que sacudió a esa entidad. Con esta decisión, el exfuncionario se someterá a una sentencia anticipada, un mecanismo judicial que implica reconocer los cargos sin llegar a juicio oral.
La determinación se produjo luego de que la justicia le negara dos preacuerdos previos que López había intentado suscribir con la Fiscalía General de la Nación. Esas negociaciones, que habrían permitido reducir su condena a cambio de colaboración, no prosperaron, lo que llevó al exdirector a optar por el allanamiento a cargos como salida procesal. La audiencia de avalación de esa aceptación quedó programada para el próximo martes 26 de mayo.
El peculado por apropiación es uno de los delitos más graves en el ordenamiento jurídico colombiano cuando involucra recursos públicos, pues implica que un servidor del Estado se apropió de bienes o dineros que debía administrar. En este caso, los señalamientos apuntan a recursos destinados a la atención de emergencias y desastres en el país, lo que agrava el reproche social y jurídico sobre la conducta investigada.
López fue identificado desde el inicio del proceso como testigo clave del escándalo, dado su conocimiento directo de las operaciones internas de la UNGRD. Sin embargo, el curso de las investigaciones lo reposicionó como uno de los principales implicados. Su aceptación de cargos marca un punto de inflexión en el expediente y abre la puerta a que la justicia avance con mayor celeridad hacia otros posibles responsables.
El caso involucra también a figuras del Congreso de la República, entre ellas el representante Wadith Manzur y la congresista Karen Manrique, quienes siguen bajo investigación. La decisión de López podría tener consecuencias directas sobre esos procesos, dependiendo del alcance de su colaboración con las autoridades en las próximas etapas judiciales.
