El Gobierno Nacional anunció la creación de un nuevo impuesto ambiental del 1% a la extracción de petróleo, que comenzará a aplicarse a partir del año 2026.
La medida fue incluida en el proyecto de reforma tributaria recientemente radicado ante el Congreso de la República y busca garantizar recursos frescos para financiar iniciativas de transición energética y programas de mitigación del cambio climático.
De acuerdo con la propuesta, las empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos deberán destinar este porcentaje sobre su producción como contribución al financiamiento de políticas ambientales. El Ministerio de Hacienda explicó que el recaudo se invertirá en proyectos de energías renovables, restauración de ecosistemas y reducción de emisiones contaminantes.
El anuncio ha despertado debate en el sector energético. Mientras el Gobierno sostiene que el impuesto es un paso necesario hacia la diversificación de la matriz energética y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia ambiental, las compañías petroleras advierten que la medida podría afectar la competitividad y desincentivar nuevas inversiones en exploración.
El impuesto se suma a otros tributos incluidos en la reforma, como el ajuste al impuesto al carbono, que tendrá una tarifa gradual hasta 2029. Con ello, el Ejecutivo espera no solo aumentar el recaudo, sino también generar incentivos para acelerar la transición hacia fuentes de energía más limpias.
El debate en el Congreso definirá si la propuesta avanza en los términos planteados o si su alcance se ajusta durante la discusión legislativa.
Por ahora, el nuevo impuesto ambiental se convierte en uno de los puntos más sensibles de la reforma tributaria, al tocar de manera directa a una de las principales industrias del país y a la vez responder a la presión creciente por acciones concretas frente a la crisis climática.
