Montería. Ayer se llevó a cabo la segunda audiencia de conciliación entre la Administración municipal y el comité de motociclistas que demandó los acuerdos que implementaron el martes sin moto y jueves sin parrillero en la ciudad de Montería.
Los promotores de la iniciativa que buscaba tumbar dichas medidas restrictivas salieron con la ‘cabeza gacha’ luego que el municipio se opusiera a derogar o modificar los actos administrativos que tienen vigentes dichos decretos.
Los delegados y representantes del comité de motociclistas que demandaron los actos administrativos ante el Juzgado Tercero Municipal aseguraron que era de esperarse la actitud que adoptó el Gobierno Municipal.
“Sabíamos que esta administración está muy reacia a favorecer a los motociclistas, pues estos decretos están hechos para beneficiar a los operadores del servicio público y empresas de taxis”, sostuvo Miguel De La Hoz, presidente del Comité de Motociclistas de Montería.
Indicó que la Alcaldía al momento de contestar la demanda no aportó las pruebas que desvirtuaran las prerrogativas del comité por lo cual el juez le dio 10 días hábiles al municipio para que aporte dichas pruebas.
Carlos Sánchez, apoderado del municipio de Montería, aseguró que no hay posibilidad de una conciliación judicial, debido a que hay legalidad del acto administrativo y la norma así lo estipula.
“La posición del municipio ha sido siempre la misma, hablando desde el punto de vista jurídico, razón por la cual en este momento no es posible conciliar, ahora vamos a aportar una serie de documentos que pidió el juez para estudiar el caso”, puntualizó el jurista.
