La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, cuestionó los resultados de la política de Paz Total implementada durante el Gobierno de Gustavo Petro y señaló dificultades tanto en la planeación de los diálogos regionales como en la interlocución con las organizaciones armadas.
En entrevista con Noticias Caracol, con Juan Roberto Vargas, Camargo afirmó que el modelo no alcanzó los objetivos previstos. “En concepto mío esa paz total tuvo dificultades para que fuese exitosa y no lo fue, definitivamente no lo fue”, sostuvo.
La funcionaria explicó que la apertura simultánea de diferentes mesas regionales exigía una capacidad de planeación que, según su evaluación, estuvo ausente.
A esto sumó otro problema: la interlocución se habría desarrollado con mandos medios y no necesariamente con personas que tuvieran capacidad efectiva para tomar decisiones dentro de las estructuras criminales.
“Lo primero que yo creo es que haber planteado un modelo de diálogos regionales demandaba una gran capacidad de planeación que yo la veo ausente, porque eso significa tener muchos diálogos abiertos simultáneamente”, señaló.
Camargo también atribuyó parte de las dificultades a la falta de disposición de los grupos armados para alcanzar acuerdos. A su juicio, los actores criminales no mostraron una voluntad real para avanzar hacia compromisos de paz.
“Una cosa definitiva y que fue a mi modo de ver la falta de voluntad real de los actores criminales, de querer llegar a acuerdos serios de paz”, precisó.
La fiscal explicó además que el marco jurídico aplicado a las mesas de diálogo impidió ejecutar algunas órdenes de captura contra personas que participaban como representantes de esas organizaciones.
Según la funcionaria, la Fiscalía posteriormente retomó acciones judiciales contra integrantes de grupos armados. En 2026, indicó, la entidad ejecutó 1.375 órdenes de captura por crimen organizado y 4.900 relacionadas con seguridad territorial.
Camargo puso como ejemplo el caso del frente 33, cuyos integrantes fueron judicializados por hechos ocurridos entre enero y octubre de 2025 en el Catatumbo. Mencionó asesinatos, desplazamientos forzados y ataques contra firmantes de paz y líderes sociales.
También señaló que a alias ‘Calarcá’ le imputaron delitos cometidos durante el periodo en que participaba en las mesas de diálogo.
