La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), defendió el trabajo de ese tribunal en el esclarecimiento de los falsos positivos y afirmó que la JEP logró explicar el origen de las más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado.
Según la togada, ninguna otra autoridad del país había aclarado las razones por las que tantos campesinos y personas en condición de extrema vulnerabilidad terminaron asesinados en estado de indefensión y reportados de manera falsa como muertos en combate.
“Nosotros desenmascaramos esa política”, sostuvo Díaz, al referirse a las decisiones que adoptaron integrantes de la Fuerza Pública y que derivaron en esos crímenes.
La magistrada explicó que las investigaciones revelaron cómo cientos de mayores y coroneles recibieron amenazas y órdenes de entregar resultados que solo se medían en cadáveres, exhibidos en bolsas ante los medios de comunicación y frente a las cámaras.
En su intervención, Díaz recordó el caso del sobrino de doña Azneda, una de las víctimas cuya historia ilustra el patrón de asesinatos contra población civil indefensa.
Medallas, vacaciones y permisos como incentivo
De acuerdo con la funcionaria judicial, la JEP documentó que el otorgamiento de medallas, vacaciones y permisos, sumado a la práctica de contabilizar muertos como único indicador real de éxito de una unidad militar, condujo a los más de 7.000 casos.
Con este pronunciamiento, la magistrada respaldó los hallazgos de la jurisdicción transicional, que ha documentado cómo el conteo de bajas se convirtió en la medida del desempeño dentro de las filas del Ejército.
La JEP continúa con las investigaciones del caso 03, que busca establecer la responsabilidad de los máximos implicados en las ejecuciones extrajudiciales cometidas en distintas regiones del país.
