Nacional. En una iniciativa sin precedentes, el senador Antonio Correa Jiménez radicó un proyecto de ley que permitiría establecer un límite temporal para el cierre del proceso penal especial de Justicia y Paz, agilizando los procesos de su competencia y resolviendo definitivamente la situación jurídica de los excombatientes de los grupos armados organizados al margen de la ley.
En segundo lugar, facilitaría los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y las organizaciones criminales de alto impacto, conforme lo definido en la Ley 2272 de 2022 y terceros relacionados con actividad de la organización, si así lo solicitaren, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, por conductas cometidas durante y con ocasión del conflicto armado o aquellas conductas que constituyen violencia de alta intensidad que impida el logro de la paz.
Una de las propuestas más destacadas del proyecto es la posibilidad de utilizar la prueba del polígrafo por parte del fiscal de conocimiento para verificar la autenticidad de las declaraciones de aquellos ciudadanos que se acojan a los principios de verdad y reparación.
El senador explicó que esta medida busca evitar el sesgo a la justicia colombiana y garantizar que aquellos que se acojan a los principios no busquen beneficios personales después de contradecir la ley.
Se busca cumplir con lo establecido en la Ley 2272 de 2022 y permitir la reincorporación tanto individual como colectiva, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Durante la radicación, el senador Correa Jiménez destacó que la Ley de Justicia y Paz lleva 17 años y que esta reforma es necesaria para abordar la lentitud en los procedimientos que impide la efectiva reparación de las víctimas en un tiempo razonable. Se enfatizó en fortalecer el sistema de justicia para alcanzar la verdad y la reparación de manera más expedita.
La iniciativa, que consta de seis artículos relacionados con el ámbito de aplicación, definiciones, acreditación, reserva, autorización y defensa técnica, pretende ser una herramienta legal para la paz en Colombia, especialmente en el contexto de los nuevos grupos al margen de la ley que expresen su voluntad de someterse a la justicia.
El senador espera el respaldo de todas las bancadas para la aprobación de esta ley, subrayando la importancia de corregir las interpretaciones laxas de los principios de oportunidad que han prevalecido en el país.
