En medio del debate sobre la reforma pensional en Colombia, la senadora opositora Paloma Valencia y el presidente Gustavo Petro han expresado sus puntos de vista divergentes sobre el impacto de la reforma en los jóvenes colombianos y el sistema pensional en general.
La senadora Valencia afirmó que los jóvenes serán los más afectados por la reforma, argumentando que para el año 2045 tendrán que pagar hasta el 35% de su salario para cubrir las deudas pensionales, y que para el 2070 el fondo de pensiones quedará sin recursos.
Además, criticó al gobierno por sugerir que en unos años será necesario realizar otra reforma para corregir los problemas generados por la actual.
Por su parte, el presidente Petro respondió a las declaraciones de la senadora, calificándolas como «mentiras». Aseguró que la reforma no aumentará la cotización del salario ni del empleador para pensionarse.
Argumentó que, en la actualidad, la mitad de los jóvenes no lograron cotizar y que la mayoría de quienes se afiliaron a fondos privados apenas podrán retirar sus ahorros, después de descontar las comisiones pagadas a las administradoras, resultando en mensualidades pequeñas.
En contraste, afirmó que, con la reforma, al menos el 90% de los jóvenes de hoy se pensionarán al llegar a la edad de retiro.
Sin embargo, el presidente Petro señaló dos aspectos que considera necesario corregir en lo aprobado por el Senado. Primero, calificó como «elevadísima» la comisión del 0,7% mensual que cobrarán los fondos privados por administrar los ahorros de los cotizantes, que actualmente suman 400 billones de pesos.
Argumentó que a ningún ahorrador corriente se le paga una tasa tan alta y que la comisión debería ser muy inferior, basada en un porcentaje de la rentabilidad anual lograda. Segundo, propuso que el pilar hasta donde se protege con pensiones de Colpensiones a los trabajadores debe aumentar de 2,3 salarios mínimos mensuales vigentes.
Mientras la oposición advierte sobre posibles consecuencias negativas para los jóvenes y la sostenibilidad del sistema, el gobierno defiende la reforma como una solución para garantizar la pensión de la mayoría de los trabajadores.