A tan solo dos semanas del vencimiento de los contratos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), programado para el próximo 30 de abril, el gobierno colombiano aún no ha logrado concretar los detalles de la transición hacia un nuevo sistema de salud para los docentes del país. Esta situación ha generado preocupación entre los maestros, especialmente aquellos con enfermedades catastróficas o de alto riesgo, quienes temen que sus vidas puedan verse comprometidas si no se operativiza adecuadamente el cambio.
Desde inicios de marzo, el Ministerio de Salud había presentado una propuesta de reforma al sistema de salud de los profesores, la cual, con algunos ajustes, se espera que comience a aplicarse a partir de mayo. Sin embargo, a pesar de las reuniones programadas entre el gobierno, Fecode y las entidades prestadoras de servicios al Fomag para esta semana, aún quedan puntos cruciales sin definir.
Ante la incertidumbre, los docentes han sido informados de que, a partir del 1 de mayo, deberán acudir a las mismas entidades que les han estado prestando el servicio, a pesar de que estas no contarán con contratos vigentes. Como medida para mitigar los riesgos durante la transición, desde inicios de abril se abrió una convocatoria para que diferentes entidades de salud del país puedan ofertar los niveles de atención requeridos por el magisterio.
El Fomag cuenta con 818.960 afiliados, de los cuales el 48,9% son mayores de 50 años y el 13,89% supera los 69 años. La concentración de suscritos en 14 ciudades alcanza el 40,6%, mientras que 292 municipios tienen menos de 50 afiliados cada uno.
La reforma al sistema de salud de los docentes fue una demanda del propio magisterio, liderado por las directivas de Fecode, quienes se acercaron al gobierno de Gustavo Petro para impulsar estos cambios.