‘Diputados y concejales nada tienen que hacer en entrega de ayudas’: Procurador

El Ministerio Público advierte que en algunas regiones se hace politiquería con la entrega de las ayudas para los vulnerables.


Bogotá. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció este miércoles que en algunas regiones se “están utilizando los recursos de los más vulnerables, para hacer política”.

“Los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en la entrega de estas ayudas”, precisó el procurador, al anunciar apertura de 10 procesos disciplinarios en 8 departamentos por denuncias de sobrecostos en adquisición de mercados y contratación para afrontar la pandemia.

“Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en boletín de la corrupción”, dijo Carrillo Flórez.

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Lupa a los contratos en 8 departamentos.

Se vigilan las actuaciones en contratos suscritos desde el 20 de marzo y superan los $800 mil millones de pesos.

En el departamento de Meta se investiga la contratación de los municipios de Acacias por $1.125 millones y Puerto Gaitán, por $1.000 millones. En Atlántico el contrato con $19.319, departamento donde también se investiga las compras de mercados en los municipios de Soledad, $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones.

“En Cesar se investigan presuntos sobrecostos de más del 50% en 29 contratos, que no están publicados en el SECOP, por más de $13.000 millones para la compra de 100 mil mercados, que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado 50% menos de lo que le están cobrando a la gobernación”.

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En Arauca también se investiga el valor pagado por productos de la canasta familiar, como atún a $19 mil pesos o bolsas de leche a $13 mil, en un contrato por $4.463 con un proveedor.

En Cúcuta, Cundinamarca y San Andrés, también se abrieron procesos por las denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados y contratos dirigidos a fines distintos a mitigar el COVID-19.


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