Human Rights Watch (HRW) manifestó su desacuerdo con las propuestas de los presidentes de Brasil, Colombia y México para resolver la crisis en Venezuela. La organización defensora de los derechos humanos considera que repetir las elecciones presidenciales y conceder una amnistía general serían medidas contraproducentes.
En una carta dirigida a Luiz Inacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de HRW, expresó preocupación por tres propuestas específicas planteadas por estos líderes.
La organización sostiene que celebrar nuevas elecciones sería una “burla” al principio democrático básico, argumentando que los comicios deben reflejar la voluntad popular y resultar en una transferencia pacífica del poder. HRW insta a insistir en una verificación independiente de los resultados por una tercera parte imparcial.
Respecto a la sugerencia de una amnistía general, HRW advierte que violaría el derecho internacional y afectaría los derechos de las víctimas de atrocidades. La organización recuerda la obligación de los gobiernos de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.
HRW reconoce la necesidad de una negociación creíble entre todas las partes implicadas como la mejor vía para proteger los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, discrepa con la confianza depositada en el Tribunal Supremo venezolano para resolver disputas electorales.
La organización menciona informes de represión gubernamental tras el anuncio de resultados electorales, incluyendo muertes de manifestantes y detenciones arbitrarias. En este contexto, HRW valora positivamente los esfuerzos internacionales para garantizar el respeto a la voluntad popular y poner fin a las violaciones de derechos humanos.
HRW concluye que cualquier solución a la crisis venezolana debe incluir garantías para la participación de todos los partidos políticos en los asuntos públicos, así como investigaciones penales estratégicas que prioricen la judicialización de los máximos responsables de atrocidades y se centren en los crímenes más graves.
