En un nuevo capítulo se abre en la crisis política venezolana, la Fiscalía del país ha emitido una orden de arresto contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia, intensificando la persecución contra las voces disidentes tras las controvertidas elecciones del 28 de julio.
La orden, firmada por el fiscal Luis Ernesto Dueñez Reyes, acusa a González Urrutia de seis delitos graves: usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación. Esta medida llega después de que el opositor desafiara tres citaciones previas de la Fiscalía, negándose a comparecer como acto de protesta.
La escalada represiva se produce en un contexto de creciente tensión política tras los comicios que, según el Consejo Nacional Electoral, dieron la victoria a Nicolás Maduro sobre González Urrutia. Desde entonces, se ha desatado una ola de represión que ha afectado a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
La ONG Foro Penal reporta cifras alarmantes: 1780 presos políticos desde las elecciones, con 149 ya condenados. Entre los detenidos destacan figuras como Biagio Pilieri, del partido Demócrata Cristiano, y Perkins Rocha, asesor legal de Vente Venezuela.
Antes de conocerse la orden de arresto, González Urrutia había celebrado la liberación de 86 menores detenidos injustamente, exigiendo la liberación de los 28 adolescentes aún cautivos y de “todos los presos políticos”. El líder opositor hizo un llamado a “poner fin a la persecución y avanzar hacia una transición ordenada para un cambio en paz y con garantías”.
