El Banco de Suelos e Inmobiliario de Montería (BIM) adelanta un proceso de rastreo de licencias de urbanismo expedidas desde 2012 para identificar urbanizadores que nunca entregaron formalmente al municipio los predios correspondientes a zonas verdes, vías, espacio público y equipamiento colectivo.
Fabián Duarte, gerente de la entidad, confirmó que la práctica es recurrente y que el municipio ha perdido el control de esos activos por falta de protocolización.
Duarte explicó el mecanismo que genera el problema; el urbanizador obtiene su licencia en la curaduría urbana, elabora la escritura de constitución del urbanismo, documento que divide un globo de tierra en predios privados y cargas públicas, y luego no completa los pasos para transferir efectivamente esa porción al municipio. “Muchas veces se queda ahí y no se hacen esos pasos”, señaló el funcionario.
Para cerrar ese hueco, el BIM solicitó a las curadurías urbanas de Montería el archivo completo de licencias expedidas desde 2012 hasta la fecha. Con esa información, la entidad construye un listado de urbanizadores a quienes requerirá la entrega efectiva de los predios que por ley corresponden al municipio en cada proyecto.
El riesgo de no actuar es concreto, un particular que ocupe esos predios públicos sin oposición durante el tiempo que establece la ley puede iniciar un proceso de pertenencia y obtener judicialmente su titularidad.
El inventario que adelanta el BIM busca precisamente evitar que el municipio pierda activos que ya le pertenecen pero que, por ausencia de protocolización, permanecen en un limbo jurídico.
