El debate sobre el futuro de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) se intensificó luego de que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural rechazara la decisión anunciada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, de iniciar la derogatoria de las resoluciones que dieron origen a esa figura de ordenamiento del suelo.
La cartera sostuvo que eliminar las Appa afectaría la protección de las tierras destinadas a la producción agropecuaria y advirtió consecuencias sobre el abastecimiento de alimentos.
En su pronunciamiento aseguró que “La eventual derogatoria de estas medidas representaría un retroceso en la protección del derecho humano a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, además de afectar los derechos del campesinado y desconocer el principio de no regresividad en materia de derechos”.
El Ministerio recordó que durante el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro se declararon cerca de un millón de hectáreas como Appa en 55 municipios. Explicó que esa herramienta busca conservar suelos estratégicos para la actividad agropecuaria y respaldar el ordenamiento territorial con ese propósito.
La entidad también llamó la atención sobre el estado de los terrenos productivos del país. Con datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), indicó que más de 20 millones de hectáreas presentan deterioro físico, químico o biológico. Añadió que los suelos agrícolas del 60 % de los municipios registran afectaciones que pueden comprometer la producción de alimentos.
El anuncio del Gobierno entrante contempla revisar los actos administrativos relacionados con las Appa. De acuerdo con la Oficina de Prensa del presidente electo, el objetivo consiste en remover restricciones que, según esa administración, limitan el aprovechamiento productivo de la tierra, reducen la confianza de inversionistas y productores y frenan la generación de empleo en el campo.
Como respuesta, el Ministerio de Agricultura afirmó que la protección del suelo rural obedece a obligaciones legales vigentes y precisó que las Appa no implican expropiaciones, tampoco prohíben actividades económicas ni bloquean proyectos de infraestructura.
Agregó que cada declaratoria cuenta con estudios técnicos elaborados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) y procesos que incluyen publicidad, participación ciudadana y criterios técnicos.
