El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó que este sábado presentará al Consejo de Ministros, reunido en Barranquilla, una poda del gasto público por 21,9 billones de pesos, equivalente a cerca del 1,1% del Producto Interno Bruto.
El anuncio lo hizo durante la clausura del Congreso de Asobancaria, donde el jefe de la cartera pidió respaldo del gabinete para esa reducción presupuestal. La calificó como una señal necesaria en la actual coyuntura fiscal del país.
Detrás del recorte viene una segunda pieza legislativa que el Ministerio radicará en el Congreso en las próximas semanas. Gómez Martínez insistió en delimitar su alcance: “no es una reforma tributaria, es una ley financiera”, cuyo peso recae en la disminución de erogaciones y no en nuevos gravámenes.
El titular de Hacienda descartó apelar a mayores impuestos “porque este país no aguanta más impuestos”, al referirse a una estructura tributaria que, según su lectura, castiga el crecimiento económico. La norma buscará descargar gasto adicional del presupuesto nacional.
Con ambas medidas, el ministro proyectó cerrar el año con un déficit primario reducido y un balance total menos deteriorado que el escenario inercial, que llevaría la deuda pública al 82% del PIB al término del cuatrienio.
Gómez Martínez situó estos pasos dentro de lo que denominó el camino obligado, tras advertir que el balance primario del Gobierno nacional central se volvió crónicamente deficitario. Sostuvo que el equipo económico buscó alternativas durante semanas sin encontrarlas.
El ministro repartió responsabilidades ante los banqueros: “Nosotros ponemos en orden las finanzas públicas, ustedes ayúdenos con el crecimiento”. Reiteró que la expansión de la economía no podrá provenir del impulso estatal.
El tercer tramo de la ruta llegará con el Plan Nacional de Desarrollo, que incluirá estímulos a la inversión privada y una reforma del Estado orientada a suprimir entidades duplicadas.
