Cuatro billones de pesos irán a atender la fase de emergencia del terremoto hasta el cierre de este año, según anunció el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, durante la clausura del Congreso de Asobancaria.
Esos recursos se concentrarán en transferencias monetarias para las familias afectadas por el sismo. El jefe de la cartera describió la cifra como conservadora y explicó que su equipo rastreó cada rincón del Presupuesto General de la Nación para reunirla.
La atención a los damnificados quedó definida como la prioridad inmediata del Gobierno Nacional. Gómez Martínez prometió que la administración hará lo que esté a su alcance para restablecer las condiciones de vida de quienes perdieron todo: “No los vamos a olvidar”.
Distinto será el manejo de la reconstrucción, que el ministro apartó de la emergencia y trasladó al Plan Nacional de Desarrollo. Allí se definirán estrategias específicas para levantar la infraestructura destruida.
El titular de Hacienda fue explícito sobre quién asumirá esa tarea: “Nosotros no tenemos espacio fiscal para hacer eso”. Le corresponderá al sector privado ejecutar las obras, mientras el Estado aporta estímulos y capacidad institucional a través de mecanismos como obras por impuestos.
Gómez Martínez justificó ese esquema con tres argumentos sobre el desempeño empresarial frente al público: mayor velocidad, menores costos y mejor calidad en los resultados.
El ministro también dejó una lectura incómoda sobre los daños. Los inmuebles estatales, hospitales y escuelas resultaron los más golpeados por el movimiento telúrico, un patrón que atribuyó al saqueo de los presupuestos de construcción: “se robaron la plata”.
Antes de exponer estas cifras, el funcionario agradeció a la banca colombiana el paquete de alivios financieros anunciado para los afectados. Consideró que esas medidas moverán un volumen importante de recursos hacia quienes atraviesan la peor parte de la tragedia.
