La extracción ilegal de yacimientos mineros ha devastado más de 4.000 hectáreas en el sur del departamento de Córdoba, confirmó el brigadier general Eduardo Arias, comandante de la Brigada XI del Ejército Nacional.
Los municipios de Ayapel, Puerto Libertador y Montelíbano concentran la mayor afectación ambiental por esta actividad criminal controlada por el Clan del Golfo. La organización armada ilegal presiona a campesinos para que trabajen en estas explotaciones, generando graves daños ecológicos en la cuenca del río San Jorge.
Las fuerzas militares y la Policía Nacional desarrollaron operativos que permitieron desmantelar 34 unidades de producción minera ilícita en lo corrido de 2025. Durante estas acciones, las autoridades incautaron 10 dragas y destruyeron 12 adicionales tipo caperuza, además de confiscar 10 maquinarias amarillas, incluyendo retroexcavadoras.
El general Arias reveló que el Clan del Golfo deja de percibir más de 4.000 millones de pesos mensuales por estas economías ilegales debido a la presión operacional. “Están apretando o constriñendo precisamente a nuestros campesinos para que se opongan a la extracción ilícita de yacimientos mineros”, denunció el oficial.
Los operativos también resultaron en la incautación de 69 motores y múltiples unidades de combustible, elementos esenciales para el funcionamiento de la maquinaria extractiva. Las autoridades capturaron a varias personas vinculadas a estas actividades durante los procedimientos.
El trabajo coordinado con la Corporación Autónoma Regional (CVS) busca mitigar el ecocidio que enfrenta el sur cordobés. Las 4.000 hectáreas afectadas representan un desafío ambiental que requiere intervención urgente para recuperar los ecosistemas deteriorados.
