El Gobierno presentó el llamado “Libro de la Verdad”, un documento elaborado durante el empalme presidencial que reúne hallazgos sobre contratación, ejecución presupuestal, manejo fiscal, capacidad institucional y funcionamiento de distintas entidades del Estado durante el Gobierno anterior.
El vicepresidente José Manuel Restrepo, quien dirigió el proceso, afirmó que el documento no cierra la revisión de la administración recibida y anunció que el Gobierno continuará identificando casos, haciendo seguimiento y trasladando posibles irregularidades a las autoridades competentes.
El informe señala que durante el proceso fueron recibidos y priorizados 126 casos, de los cuales 59 fueron seleccionados para su desarrollo dentro del documento.
Además, el análisis fue organizado alrededor de nueve comportamientos que, según los equipos técnicos, se repiten en diferentes sectores: pérdida de rigor técnico, debilidades tecnológicas, opacidad en la información pública, parálisis operativa, concentración contractual, aumento del riesgo litigioso, pérdida de control territorial frente a economías ilegales, fragmentación institucional y restricciones fiscales.
Uno de los principales casos está en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El informe señala que la entidad ejecutó 4,3 % de su apropiación durante el cuatrienio y que, al 31 de julio de 2026, había pagado 19,6 % de una apropiación vigente de $7,04 billones.
También identifica $856.289 millones girados anticipadamente, $240.766 millones pendientes de reintegro de convenios vencidos y $282.990 millones destinados a obras de reducción del riesgo cuya trazabilidad debe precisarse.
Ese hallazgo fue uno de los puntos centrales de la intervención de Restrepo. El vicepresidente afirmó que los problemas de ejecución, la inmovilización de recursos y las deficiencias en la trazabilidad contractual comprometen la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias. En la presentación también se mencionó que la UNGRD habría girado $856.000 millones sin urgencia manifiesta y que se perdió el rastro de $1,38 billones.
La situación fiscal ocupa otro de los capítulos principales. El informe recoge cuestionamientos de la Contraloría al manejo de la deuda pública: el límite de adjudicación por emisión de TES pasó del 50 % al 100 %, mientras las tasas de colocación llegaron, según el documento, a entre 13 % y 15 %.
Además, se concentraron vencimientos en 2026, 2029 y 2030. El informe también menciona una posible sobreestimación de la ejecución presupuestal frente a la caja disponible en encargos fiduciarios por $113 billones.
Otro de los problemas señalados corresponde a la contratación de prestación de servicios. El documento calcula que el Estado puede superar los 900.000 contratistas de prestación de servicios al año. También cita una alerta de la Contraloría sobre 521.269 contratos por $32,88 billones suscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
En materia de reforma agraria, el informe cuestiona la diferencia entre las hectáreas entregadas y la tierra efectivamente titulada. De 351.463 hectáreas reportadas por el Fondo de Tierras, 98.148 contarían con registro pleno ante Instrumentos Públicos.
Restrepo planteó que la publicación del documento es el punto de partida de una segunda fase. Durante su intervención afirmó que el Gobierno continuará identificando casos relacionados con los patrones encontrados y también posibles conductas diferentes que aparezcan durante la gestión de los actuales ministros y directores.
Esos asuntos, dijo, deberán ser objeto de seguimiento y, cuando corresponda, puestos nuevamente en conocimiento de las autoridades judiciales y los órganos de control.
El vicepresidente también informó que el Equipo Élite Anticorrupción ya había trasladado denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
