El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Montería declaró responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por la muerte de Gustavo Antonio Herrera Negrete, ocurrida el 4 de abril de 2019 en el corregimiento El Caramelo, jurisdicción de Tierralta, a manos de un agente de la institución.
Según la sentencia, firmada por la jueza Iliana Argel Cuadrado; Herrera Negrete, de 53 años y quien padecía una condición de salud mental conocida por la comunidad, atravesaba un episodio de crisis cuando un vecino solicitó apoyo policial para calmarlo, como ya había ocurrido en ocasiones anteriores sin mayores consecuencias.
El despacho judicial determinó que los uniformados que atendieron el llamado recurrieron al uso de la fuerza letal como primera opción, sin agotar otros medios policiales menos lesivos, pese a superar en número y capacidad física a la víctima. El intendente que disparó reconoció haber efectuado varios impactos, el último de ellos en el pecho, que le causó la muerte. La Fiscalía calificó el hecho como homicidio, según el informe de necropsia.
El fallo determinó que el uso de la fuerza fue desproporcionado e irracional, y que los uniformados no contaban con preparación para manejar situaciones con personas en condición de discapacidad mental. Por esta razón, el juzgado no reconoció la legítima defensa alegada por la Policía Nacional en su defensa.
Como resultado, se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar 1.150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, distribuidos entre 17 familiares del fallecido —hijos, esposa y hermanos—, cifra que equivale a más de $2.013 millones de pesos con el salario mínimo de 2026.
La sentencia también ordenó medidas de reparación no pecuniarias: un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas en el corregimiento El Caramelo dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria del fallo, así como capacitación permanente para los uniformados de la zona en manejo de personas con trastornos mentales y de comunidades víctimas del conflicto armado.
