El oleoducto Caño Limón-Coveñas absorbió tres de cada cuatro ataques registrados contra la infraestructura petrolera colombiana durante 2025, año que cerró con más de 580 atentados.
Las cifras aparecen en el informe económico que presentó la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) sobre el sector de combustibles líquidos.
Detrás de ese corredor se ubicó el oleoducto Bicentenario, con 17% de los hechos, mientras el 8% restante afectó otros tramos del sistema.
Los costos operativos derivados de estos ataques y de las conexiones clandestinas rondaron los 75 mil millones de pesos, según el cálculo gremial.
El transporte por poliductos resultó el segundo eslabón más golpeado de la cadena. Los operadores contabilizaron más de 490 válvulas ilícitas durante el año, concentradas en dos rutas: Pozos Colorados-Galán acumuló el 53% de los casos y Galán-Salgar el 34%, mientras otros trayectos sumaron el 13%.
Las vías tampoco escaparon a la presión. Cifras de Colfecar dan cuenta de 837 bloqueos en todo el territorio nacional, con pérdidas económicas calculadas en $2,4 billones por cierres de corredores estratégicos y restricciones que frenaron el movimiento de carga.
En la distribución mayorista, los agentes identificaron 214 eventos operativos que comprometieron la continuidad del suministro, entre ellos cierres de plantas de almacenamiento y paradas técnicas en poliductos. Esos episodios pusieron en riesgo cerca de 33 millones de galones de combustible.
La coordinación entre el Gobierno Nacional y los actores de la cadena permitió sostener el abastecimiento mediante ajustes logísticos, manejo de inventarios, cambios en mezclas de biocombustibles e importaciones puntuales. La ACP considera que las contingencias dejaron al descubierto la necesidad de blindar la infraestructura crítica y anticipar la conflictividad.
El gremio propone consolidar un Centro Nacional de Operación que integre información en tiempo real de todos los eslabones y avanzar en almacenamientos estratégicos para responder a interrupciones futuras.
